Cuando el aire lo repartía el Estado y ahora lo reparte tu Samsung

Durante casi un siglo, quién podía tener un canal de televisión lo decidía el Estado. No por manía de mandar, sino por un motivo físico muy concreto: el aire no daba para todos. Hoy tu televisor se enciende y lo primero que ves no lo ha decidido ninguna ley, lo ha decidido el fabricante. Ese cambio, que parece de decoración, es en realidad un traslado de poder de un sitio a otro. Y merece la pena entender por qué ocurrió.

Por qué el aire había que repartirlo por ley

Las ondas de radio y televisión viajan por el espectro radioeléctrico, y el espectro es un recurso finito de verdad. Cada emisión ocupa una franja de frecuencias, y si dos señales potentes comparten la misma franja en la misma zona, se pisan: interferencia, ruido, las dos inservibles. Un canal de televisión terrestre ocupa un hueco de 8 megahercios, y en una región solo caben unos cuantos sin estorbarse.

De esa escasez nace toda la arquitectura legal de la tele. El espectro es dominio público: no se compra, lo administra el Estado y lo cede en forma de licencias. Por eso durante décadas montar una televisión no dependía de tener dinero o ganas, sino de que te concedieran una frecuencia. Cuando en España aparecieron canales nuevos como Cuatro o La Sexta a mediados de los 2000, la pelea no fue por audiencia: fue por esas licencias, adjudicadas por el Gobierno de turno, con acusaciones cruzadas y recursos. Se peleaban por el aire porque el aire estaba tasado y solo el Estado repartía las cartas.

El Estado todavía manda en el aire (y bien que se nota)

Que ese control sigue siendo real se ve en algo que probablemente sufriste sin saber por qué: las dos veces que tuviste que resintonizar la tele en la última década.

Se llama «dividendo digital» y es el Estado reordenando el espectro para dárselo a la telefonía móvil. En 2015 se vació la banda de 800 MHz (los 72 MHz que van de 790 a 862) y la TDT tuvo que apretarse. En 2020 se repitió con la banda de 700 MHz (96 MHz más, de 694 a 790), esta vez para el 5G. En total, casi 170 megahercios que estaban en manos de la televisión pasaron por decisión pública a las operadoras móviles. Te obligaron a resintonizar por real decreto. Más control estatal sobre el aire, imposible.

La escasez desaparece cuando el portero es un software

Aquí está el giro. Toda esa maquinaria legal existe porque el espectro es escaso. Pero tu televisor de hoy apenas usa el espectro: se conecta a internet, y en internet no hay escasez de canales. Caben infinitos. Y cuando desaparece la escasez, desaparece el motivo que justificaba que mandara la ley.

Lo que no ha desaparecido es el portero. Solo ha cambiado de manos. Antes, el cuello de botella era la frecuencia que concedía el Estado. Ahora, el cuello de botella es la pantalla de inicio de tu Smart TV, y esa la controla quien fabricó el aparato: el sistema operativo del televisor —Tizen en Samsung, webOS en LG, Google TV, Fire TV de Amazon— decide qué aplicaciones ves primero, cuáles vienen preinstaladas, qué botón del mando lleva a qué plataforma, y qué canales gratuitos propios (los llamados canales FAST, tipo Samsung TV Plus o LG Channels) ocupan el escaparate. El fabricante se ha convertido en el nuevo repartidor de frecuencias, solo que sin licencia, sin concurso público y sin obligación de pluralismo.

El caso de los botones del mando lo resume bien: esas teclas directas a una plataforma concreta no están ahí por casualidad ni porque sean las que más usas. Están porque esa plataforma ha pagado por el sitio. Es exactamente el negocio de repartir el aire, pero mudado a un salón privado donde la ley de radiodifusión no entra.

La ley que pudo entrar y se quedó en la puerta

Lo interesante es que Europa vio venir esto. La directiva audiovisual europea de 2018 (la 2018/1808) añadió un artículo, el 7 bis, que permite expresamente a cada país obligar a que los servicios «de interés general» —las televisiones públicas y las de relevancia— tengan una prominencia adecuada en las interfaces de los aparatos. Es decir: la herramienta legal para decirle a Samsung «la pública tiene que estar visible, no enterrada en la pantalla siete» existe y está sobre la mesa.

España la tenía a mano al aprobar su Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022. Y en esa ley la palabra «prominencia» aparece, sí, pero para otra cosa: para la cuota de obra europea en los catálogos de las plataformas. La prominencia de los canales en la pantalla del televisor, el escaparate que de verdad decide lo que la gente acaba viendo, se quedó fuera. La puerta estaba abierta y el legislador pasó de largo.

No es una conspiración, es un desfase. La ley se diseñó para un mundo donde el control estaba en una cosa física y escasa —la frecuencia— que el Estado sabía administrar. Cuando el control se mudó a una capa de software que no gasta espectro ni pide permiso, las reglas viejas se quedaron apuntando a un sitio donde ya no está el poder. El aire lo sigue repartiendo el Estado con mano firme; la pantalla, que es lo que hoy manda de verdad, la reparte el fabricante. Y de momento nadie le ha pedido la licencia.