El chip que dejó obsoletos a 240 millones de ordenadores que funcionaban bien

El 14 de octubre de 2025 cayó en martes, que es el día que Microsoft reserva desde hace décadas para publicar sus parches de seguridad. Ese martes salió el último de Windows 10. A partir del siguiente, los ordenadores que seguían con ese sistema dejaron de recibir correcciones: los fallos que se descubrieran a partir de entonces se quedaban ahí, abiertos, para siempre.

Lo llamativo no era el calendario. Todos los sistemas operativos se jubilan y Windows 10 había durado diez años, más que la mayoría. Lo llamativo era el perfil de las máquinas que se quedaban fuera. Un sobremesa de 2016 con un Core i5, 16 gigas de memoria y un disco sólido arranca en quince segundos, edita hojas de cálculo, aguanta treinta pestañas y no da un solo síntoma de agotamiento. Ese ordenador no podía instalar Windows 11. No por lento. Por no llevar un chip.

Un requisito que nadie esperaba

En junio de 2021, cuando Microsoft presentó Windows 11, la lista de requisitos incluyó algo que rompía la costumbre de los treinta años anteriores. Además de procesador, memoria y espacio en disco, hacía falta TPM 2.0: un módulo de plataforma segura, un pequeño componente criptográfico que guarda claves de cifrado en hardware, fuera del alcance del sistema operativo. Es el que permite que BitLocker funcione sin contraseña, el que sostiene el arranque seguro y el que verifica que nadie ha manipulado el equipo por debajo de Windows.

La justificación técnica se sostiene. El problema fue el corte: Microsoft exigió TPM 2.0 y, de paso, procesadores Intel de octava generación o AMD Zen 2 en adelante. Todo lo anterior quedaba fuera, aunque tuviera el chip. Millones de personas descargaron la aplicación de comprobación, la ejecutaron y recibieron un mensaje que no explicaba gran cosa: este equipo no cumple los requisitos.

Las cifras que se manejaron

La consultora Canalys puso número al asunto a finales de 2023: alrededor de 240 millones de ordenadores en el mundo se quedarían sin ruta de actualización y podrían acabar como residuo. Para hacerse a la idea del volumen, calcularon que apilados equivaldrían a unas 480.000 toneladas de material, el peso aproximado de 320.000 coches.

Esa cifra aterriza en un contexto que ya venía torcido. El Global E-waste Monitor de Naciones Unidas, en su edición de 2024, contabilizó 62 millones de toneladas de residuos electrónicos generados en 2022 y estimó que solo el 22,3 % se recogió y recicló por vías formales y documentadas. El resto se pierde: vertederos, cajones, desguaces informales en países que no eligieron ese negocio. La proyección para 2030 es de 82 millones de toneladas, y el ritmo de reciclaje no crece al mismo paso.

Organizaciones de consumidores en Estados Unidos y Europa se agarraron a esos números. La estadounidense PIRG lo planteó en términos sencillos: es la primera vez que una decisión de software condena a esa escala de hardware en perfecto estado.

Qué pasó de verdad después de octubre

Ni el apocalipsis de basura electrónica ni la migración ordenada. Pasaron cuatro cosas a la vez.

La prórroga de pago. Microsoft abrió por primera vez a particulares su programa de actualizaciones de seguridad extendidas, hasta entonces reservado a empresas. Un año más de parches por unos 30 dólares, o gratis a cambio de sincronizar la configuración con OneDrive o de gastar 1.000 puntos de Microsoft Rewards. En el Espacio Económico Europeo, tras la presión de Euroconsumers y de varias asociaciones nacionales, la compañía terminó ofreciéndolo sin condiciones ni pago. A las empresas les salió bastante peor: 61 dólares por equipo el primer año, 122 el segundo, 244 el tercero, con el precio doblándose cada vez.

La resistencia doméstica. En el momento del cierre, Windows 10 seguía funcionando en torno al 40 % de los ordenadores con Windows del mundo, según las mediciones de StatCounter. Muchísima gente simplemente no hizo nada y siguió usando su equipo igual que el día anterior.

La puerta de atrás. Herramientas como Rufus y un puñado de cambios en el registro permitían instalar Windows 11 en máquinas no compatibles. Funcionaba, con la advertencia oficial de que esos equipos podían quedarse sin actualizaciones en cualquier momento.

Linux. La iniciativa End of 10 montó una red de puntos de ayuda —talleres de reparación, asociaciones, tiendas de barrio— donde llevabas tu ordenador y salías con una distribución instalada. La cuota de Linux en escritorio, históricamente clavada por debajo del 3 %, superó el 5 % en Estados Unidos durante 2025. Sigue siendo un nicho, pero se movió.

Quién puso el dinero

El mercado de segunda mano reaccionó de manera desigual. Los equipos empresariales con TPM 2.0 —los thin client y los sobremesas corporativos de renovación— se revalorizaron. Los anteriores al corte se desplomaron: un ordenador que en 2024 se vendía por 150 euros pasó a costar la mitad o a regalarse. Los recicladores profesionales se encontraron con un flujo de material que no podían colocar y que, técnicamente, no tenía nada roto.

El gasto se repartió hacia abajo. Administraciones locales, colegios, pymes y particulares sin margen tuvieron que elegir entre pagar la prórroga, aprender un sistema nuevo o comprar. Microsoft, mientras tanto, alargó por su cuenta el soporte de las aplicaciones de Microsoft 365 sobre Windows 10 hasta octubre de 2028, señal de que la propia compañía sabía que ese parque de máquinas no iba a desaparecer en un año.

Ahora mismo, con el 13 de octubre de 2026 a la vuelta de la esquina, millones de esos equipos vuelven a estar donde estaban en 2025: funcionando bien y a punto de quedarse sin parches. La segunda vez ya no habrá sorpresa.